Por Daniel H. Galindo

Ayer la Corte escuchó argumentos en Trump v. CASA, Inc. Aunque las noticias hacen parecer que la Corte Suprema está decidiendo si la ciudadanía automática por nacimiento continuará o no, el caso ante la Corte no se trata de eso en absoluto.

En cambio, el único asunto ante la Corte en este momento es si las órdenes de restricción emitidas por los tribunales de distrito federal deben aplicarse a nivel nacional, a todos, o si tales órdenes de restricción solo deben aplicarse al individuo o grupo de individuos que realmente presentó una demanda.

Una orden de restricción es una orden que suspende la implementación de la ley, regulación, orden, etc. para permitir que la corte tenga el tiempo que necesita para tomar una decisión sobre si la ley, regulación u orden es legal. La determinación real de legalidad se refiere a una decisión "sobre el fondo."

La razón por la que este es el asunto frente a la Corte es porque tres tribunales de distrito federal emitieron tales órdenes de restricción poniendo en espera la implementación de la "Protegiendo el Significado y el Valor de la Ciudadanía Americana" Orden Ejecutiva (OE) y la Administración Trump no estaba muy feliz al respecto. **Para que conste, al menos 40 demandas diferentes contra la Administración Trump también han generado órdenes de restricción que suspenden cualquier tontería que la Administración estaba tratando de hacer pasar como legal.** La Administración apeló una de las órdenes de restricción al Cuarto Circuito de Apelaciones y perdió. Esto allanó el camino para que la Administración apelara ante la Corte Suprema.

La jueza Kagan resumió todo este caso con un benchslap en el siguiente clip:

Interpretando lo que ella dijo para quienes no son abogados—la jueza Kagan criticó al gobierno por esencialmente argumentar que sin órdenes de restricción a nivel nacional (que es lo que el gobierno quiere para que sus OE entren en efecto de inmediato) cada persona que podría verse afectada por una ley tendría que presentar su propio caso para recibir la misma protección que ya le fue otorgada a otra persona (al determinar que la ley/regulación/orden en cuestión era ilegal). Esa es una propuesta absurda porque permitiría al gobierno continuar haciendo algo ilegal con todas las demás personas que no demandaron al gobierno por la misma razón.

La jueza Sotomayor preguntó dos veces al abogado del gobierno (en otras palabras) ¿estarías de acuerdo en no tener órdenes de restricción a nivel nacional para usar contra otro presidente que emitiera una orden ejecutiva despojando de armas a todos?

Según los propios argumentos del gobierno en este caso, los tribunales deberían estar imposibilitados para detener al gobierno a nivel nacional de despojar a la gente de sus armas mientras los tribunales deciden sobre la constitucionalidad de tal acción y solo deberían poder impedir que el gobierno despoje a las armas de aquellos individuos que interpusieron una demanda impugnando tal orden de despojar a todos de sus armas. Todos los demás estarían completamente desamparados y sería perfectamente aceptable que el gobierno comenzara a quitar las armas a la gente durante meses hasta que la Corte Suprema dictaminara que era una violación inconstitucional de la 2da Enmienda. Cosas bastante locas y ni siquiera me gustan las armas.

El otro punto que hizo la jueza Kagan fue que si nadie puede pedir una orden de restricción a nivel nacional, entonces el gobierno podría perder contra el único individuo que presenta una demanda, y nuevamente contra otro individuo, y nuevamente y nuevamente contra otros individuos, pero nadie podría apelar el asunto (porque no puedes apelar si ganas) y así la constitucionalidad de la ley/regulación/orden en cuestión estaría garantizada de nunca llegar a la Corte Suprema—también garantizando que la mayoría de las otras personas seguirían siendo afectadas por la ley/regulación/orden ilegal. ¡Increíble!

Tendremos que esperar varios meses antes de que la Corte emita su opinión (decisión), pero todo indica que la Administración Trump perderá, nuevamente.

En cuanto a los méritos de los casos en el nivel del tribunal de distrito (sobre los cuales ningún tribunal se ha pronunciado aún), la OE ignora abiertamente la 14ª enmienda de la Constitución al proporcionar que:

… el privilegio de la ciudadanía de los Estados Unidos no se extiende automáticamente a las personas nacidas en los Estados Unidos: (1) cuando la madre de esa persona estuvo ilegalmente presente en los Estados Unidos y el padre no fue ciudadano de los Estados Unidos ni residente permanente legal en el momento del nacimiento de dicha persona, o (2) cuando la presencia de la madre de esa persona en los Estados Unidos al momento del nacimiento fue legal pero temporal (tal como, pero no limitado a, visitar los Estados Unidos bajo los auspicios del Programa de Exención de Visa o visitar con una visa de estudiante, trabajo o turismo) y el padre no fue ciudadano de los Estados Unidos ni residente permanente legal en el momento del nacimiento de dicha persona.

En otras palabras, de acuerdo con la OE, los niños nacidos en los Estados Unidos deben tener un padre que sea residente permanente o ciudadano para obtener automáticamente la ciudadanía estadounidense.

La razón por la que el gobierno ha perdido una y otra vez hasta ahora en la lucha contra las órdenes de restricción contra esta OE es que la 14ª Enmienda dice, palabra por palabra: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a la jurisdicción de los mismos, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen

.

¿Cómo se puede argumentar en contra del lenguaje claro de la Constitución? Observa al gobierno intentarlo en el Tribunal de Distrito en Maryland, el Distrito Oeste de Washington y en el Distrito de Massachusetts. De cualquier manera torpe que lo hagan, tendrán que enfrentarse a al menos cuatro casos de la Corte Suprema que se remontan a 1898 (127 años) que han dicho consistentemente: No importa qué, si naciste en los Estados Unidos, eres ciudadano. Punto.

Como argumenté en mi publicación anterior—parece que a la Administración no le importa perder. ¿Por qué? Porque logra su objetivo de hacer que su base política piense que está logrando algo en el momento en que toma la acción ilegal. Para otros, la Administración logra crear caos, angustia, miedo y desviar recursos de otras causas. Meses, y tal vez incluso años, pueden pasar antes de que la legalidad del asunto se decida finalmente. Para entonces, todos habrán seguido adelante.

Si sacas algo de este artículo, espero que sea la conciencia de que la mayoría de los titulares de los medios de comunicación sobre asuntos legales suelen estar simplificados en exceso y a menudo no retratan con precisión el problema real. Imagina un titular que dijera: "La Corte Suprema se muestra ansiosa por mantener Órdenes de Restricción a Nivel Nacional." Nadie, literalmente nadie, haría clic en ese titular.
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Daniel H. Galindo es hijo de inmigrantes mexicanos y está apasionado por los derechos de los inmigrantes, especialmente en el campo del empleo. Como litigante, Daniel representa a empleados en todos los niveles de carrera y en una diversa gama de industrias. Daniel litiga en tribunales de todos los niveles del sistema judicial en California y está admitido para ejercer en los Tribunales de Distrito de EE.UU. para los Distritos del Norte y Este de California, el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Noveno Circuito, y la Corte Suprema de EE.UU.